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Análisis · Editorial

Quién pagó a quién: el vínculo entre marca y creador que el Derecho de la Unión exige verificar

Javier Gómez Sanz · 3 de noviembre de 2026

El vínculo entre marca y creador que el Derecho de la Unión exige verificar, y lo que deben saber las empresas de alimentación, cosmética y complementos.

Para un responsable de marca, la pregunta relevante sobre la publicidad con creadores de contenido no es si un mensaje parece publicitario. Casi todo lo que publica un creador con un producto en la mano lo parece. La cuestión clave es cuándo el contenido generado por un tercero se convierte en publicidad de la marca, y quién lo comprueba. El Derecho de la Unión responde con precisión. El sistema español de autorregulación conoce esa respuesta y la aplica cuando dispone de hechos. Pero cuando nadie aporta esos hechos, como ocurre en los procedimientos abiertos de oficio o por la queja de un consumidor contra quien no se ha adherido a él, ni formula la pregunta ni puede contestarla. Y la marca puede acabar respondiendo de una publicación sin que nadie haya comprobado su relación con quien la hizo.

Un estándar sin margen de apreciación

El Tribunal de Justicia fijó el criterio en el asunto Peek & Cloppenburg (sentencia de 2 de septiembre de 2021, C‑371/20). Al interpretar el punto 11 del anexo I de la Directiva 2005/29, el TJUE delimitó el alcance de la prohibición de los publirreportajes, cuyo correlato en el derecho positivo español se halla en el artículo 26 de la Ley de Competencia Desleal. La sentencia tiene dos caras. El pago no tiene que ser dinerario: basta cualquier contrapartida con valor patrimonial. Pero el Tribunal exige, además, “un vínculo cierto, en el sentido de una contraprestación, entre la ventaja patrimonial proporcionada por el comerciante de que se trata y este contenido editorial” (apartado 45), y el fallo lo recoge como requisito: sin ese vínculo no hay pago en el sentido del punto 11.

La sentencia destaca un extremo fundamental que suele pasar desapercibido: la imputación de una práctica comercial requiere necesariamente una triple vertiente: que proceda de un comerciante, que se inscriba “en el marco de su estrategia comercial” y que tenga como fin directo promocionar sus productos (apartado 31). No basta, por tanto, con que el contenido sea de naturaleza promocional, la práctica debe inscribirse en la estrategia comercial de aquel a quien se atribuye. El Tribunal no se ocupó de las redes sociales, aunque en el apartado 43 recordó la preocupación del Parlamento Europeo por los comentarios en redes y blogs “generados o financiados de forma directa o indirecta por operadores económicos”.

La Comisión Europea recogió esta consecuencia en su Guía sobre la Directiva (DO C 526 de 29 de diciembre de 2021, apartado 4.2.6), precisando que el concepto de contraprestación engloba, de manera extensiva, los “obsequios no solicitados”. A partir de este criterio, la responsabilidad por la infracción puede resultar imputable de forma concurrente tanto al creador de contenido como a la marca que lo haya contratado y que obtenga un beneficio de la aprobación del contenido. Para que prospere esta atribución, el control editorial de la empresa no se erige como un requisito estrictamente necesario, si bien las Directrices aclaran que podría operar como un factor determinante en la modulación de su responsabilidad. En sentido inverso, la propia Guía precisa que es improbable que se configure tal responsabilidad cuando el creador de contenidos o influencer actúe sin ningún tipo de conexión con el operador económico. Aunque estas orientaciones se encuadren en los instrumentos de soft law y carezcan de efecto vinculante per se, no hay que olvidar que representan el criterio hermenéutico oficial de la Comisión.

Ese estándar no deja margen de apreciación a los órganos nacionales: no es un mínimo que cada Estado pueda elevar, no es un punto de partida que los operadores jurídicos puedan reforzar. La Directiva lleva a cabo, en palabras del propio Tribunal, “una armonización completa” (apartado 34), es decir, fija el nivel de protección del consumidor y no permite a los Estados miembros adoptar medidas más restrictivas, ni siquiera para protegerlo mejor. Para el publirreportaje, eso significa que ni el legislador, ni la Administración, ni el juez español pueden dar por existente el pago cuando falta el vínculo. Lo que queda fuera de la prohibición no es por ello lícito, pero solo puede declararse desleal tras examinar caso por caso, conforme al artículo 7, si la omisión de la intención comercial altera la decisión del consumidor. Como se verá, tampoco puede saltarse ese límite quien dictamina a instancia de la Administración.

Ser publicidad y ser publicidad de alguien

Existe una corriente doctrinal extendida que invoca de manera conjunta los asuntos Peek & Cloppenburg y Damgaard (Sentencia del TJUE de 2 de abril de 2009, asunto C‑421/07) para sostener que cualquier interés económico, incluida la monetización por visualizaciones o la comercialización diferida de formación, resulta suficiente para calificar un contenido como publicitario, prescindiendo de toda relación con el fabricante. Esta es la postura defendida, entre otros, por Mª Esperanza Marcos Juárez en una tribuna reciente en la revista Iberley (30 de septiembre de 2026). Sin embargo, a mi juicio, dicha exégesis incurre en una confusión metodológica al desdibujar dos planos conceptuales radicalmente distintos.

Ciertamente, el asunto Damgaard determinó que la difusión por un tercero de información relativa a un medicamento “puede considerarse publicidad […] aun cuando ese tercero actúe por cuenta propia y de forma totalmente independiente, de hecho y de derecho, del fabricante o del vendedor”. Sin embargo, existe un elemento procesal crucial que no cabe soslayar: el litigio principal se dirigía contra el propio tercero y no contra el fabricante. Así, el fallo fundamenta la responsabilidad del emisor respecto de su propio mensaje, pero en ningún caso ampara la traslación automática de dicha conducta a la esfera jurídica de un sujeto ajeno a su emisión. Además, Damgaard interpreta la noción de publicidad sectorial bajo la Directiva 2001/83, cuyo sesgo teleológico es la salvaguarda de la salud pública, un marco netamente disociable de la Directiva 2005/29 sobre prácticas comerciales desleales, la cual exige la concurrencia de una conducta atribuible a un comerciante.

Esta insostenible analogía ya ha sido advertida a nivel nacional por la jurisprudencia. La Audiencia Provincial de Madrid, en un litigio sobre publicidad del tabaco, expresó con claridad sus reparos a esa traslación doctrinal (Sentencia 1/2022, de 3 de enero, Rec. 530/2020). La Sala precisó que lo que Damgaard establece es que el carácter publicitario no se excluye porque el mensaje proceda de un tercero independiente, concluyendo de forma tajante que “no es esa la cuestión que aquí se suscita”. De este modo, para imputar a la marca lo que habían publicado unos periodistas que no habían percibido remuneración alguna, el tribunal no se conformó con el mero examen del contenido, sino que comprobó, mediante el contrato de comunicación y la documentación del pleito, que esas publicaciones respondían de forma efectiva al plan de medios de la propia marca. El elemento determinante del vínculo no fue la existencia de un pago, sino la prueba fehaciente de que la comunicación era estratégicamente suya.

Bajo este mismo prisma, la monetización indirecta de los creadores de contenido actuales no puede asimilarse al concepto de pago contemplado en el punto 11 del anexo I de la Directiva. Los rendimientos por visualizaciones son satisfechos de forma autónoma por la plataforma digital, no por la marca promocionada, del mismo modo que la venta de cursos responde a un interés estrictamente particular del creador. Ambas circunstancias poseen la entidad suficiente para calificar el contenido como una práctica comercial de este último, subsumible en el artículo 7.2 de la Directiva, pero resultan del todo inhábiles para activar el régimen de imputabilidad marcaria derivado de Peek & Cloppenburg.

La distinción importa porque permite separar dos cosas que no deben confundirse: que el mensaje de un creador sea publicidad es una pregunta y que sea publicidad de una marca es otra, y exige comprobar la relación.

Cómo se hace la pregunta en otros sistemas

La Advertising Standards Authority británica (ASA) examina la relación antes de calificar el contenido. En su resolución sobre Global Brands Ltd (referencia G23-1199017), la marca alegó que el vídeo reclamado se había hecho al margen de los dos contratados con la creadora y que no tenía control editorial sobre él. La ASA comprobó primero la contraprestación: la creadora había cobrado por otros vídeos de la marca y, en el propio vídeo, contaba que esta les había dado vales para pedir comida, un autobús para la fiesta y dos botellas de vodka. Después examinó el control: el vídeo reutilizaba imágenes de la pieza pagada que la marca había aprobado, y el contrato prohibía a la creadora hacer comentarios negativos y permitía a la marca exigir que los retirara. Concluyó que la marca “had a degree of editorial control over the post” y que, al concurrir pago y control, la publicación era publicidad. Su test es acumulativo y, en ese punto, más exigente que la Guía de la Comisión, para la que el control no es necesario; pero en ningún caso prescinde de comprobar la relación. Puede hacerlo porque su código trata el silencio como infracción: según la regla 1.7 del Código CAP, “any unreasonable delay in responding to the ASA’s enquiries will normally be considered a breach of the Code”.

Alemania, por su parte, optó por la vía legislativa. Desde el año 2022, el § 5a, apartado 4, de la UWG (la Ley contra la Competencia Desleal alemana) establece que no existirá un propósito comercial en la conducta realizada a favor de una empresa ajena si quien la ejecuta no recibe ni se hace prometer un pago (Entgelt) o una contraprestación similar por parte de dicha empresa.

Consciente de la dificultad probatoria que entrañan estos flujos financieros, que por su propia naturaleza suelen ocultarse, el legislador germano no suprimió este elemento económico sustancial, sino que alteró la carga de la prueba: configuró una presunción legal de contraprestación, permitiendo al creador desvirtuarla si acredita de manera verosímil (glaubhaft machen) que no la ha percibido.

En España, la CNMC procede de forma homóloga al fiscalizar los contenidos de los usuarios de especial relevancia (UER). En el expediente IFPA/DTSA/171/24 (24 de abril de 2025), el regulador requirió información tanto al creador como al establecimiento hotelero donde se había alojado, acordando el archivo tras constatar mediante extracto bancario que la estancia había sido sufragada íntegramente por el propio creador; significativamente, el silencio del hotel no fue valorado en su contra. Asimismo, en el expediente IFPA/DTSA/158/24 (14 de mayo de 2026), la CNMC se dirigió a ambas partes para examinar minuciosamente la orden de compra y la factura de la marca.

En esa misma fecha, el expediente IFPA/DTSA/157/24 ilustra a la perfección esta labor de reconstrucción de la cadena comercial: al amparo del artículo 28 de su ley de creación, la Comisión recabó la cooperación del anunciante, la agencia y el operador promocionado. Mientras el anunciante adujo que “no existe contraprestación directa” hacia la creadora, la agencia reconoció que esta “fue contratada para la realización de la campaña”. Ciertamente, en los procedimientos de carácter sancionador, la prueba de la relación ha sido aportada o admitida por el propio UER.

Es verdad que la legislación audiovisual no erige la prueba del pago en un requisito obligatorio para calificar una comunicación como encubierta, pues la presentación se considerará intencionada “en particular, si se hace a cambio de contraprestación”, habiendo advertido la CNMC que “no se puede excluir el propósito publicitario a falta de una remuneración o pago”. El pago opera, por tanto, como un indicio cualificado de la intencionalidad y no como un elemento del tipo objetivo. Ahora bien, en su actividad instructora, la CNMC imputa siempre a quien publica. Cuando apela a la marca o a sus intermediarios, ejerce sus potestades de investigación para constatar la relación, no para derivar una responsabilidad refleja hacia la marca: en este último expediente, aun con toda la cadena comercial plenamente acreditada, el acuerdo se dirigió solo a la creadora: “se opta por requerir a la UER el cumplimiento de la obligación de identificar la publicidad”.

Lo que el Jurado hace bien

El Jurado de la Publicidad de Autocontrol conoce este estándar. En su resolución de 17 de julio de 2026 (Sección Séptima, asunto 354/R/JULIO 2026), al enjuiciar el caso de una creadora invitada por una marca cosmética a visitar sus instalaciones, el organismo recordó que “debe afirmarse la naturaleza promocional de un mensaje difundido por un influencer cuando éste es consecuencia de una contraprestación”.

En este supuesto, los hechos determinantes fueron aportados por la propia creadora, quien reconoció en su contestación tanto la invitación como la existencia de una relación de afiliación comercial con la compañía. A partir de estos elementos, el Jurado declaró acreditado el vínculo, constatando que los enlaces de afiliación y el código de descuento incluidos en la publicación otorgaban a la creadora el derecho a “percibir una remuneración” en función de las ventas generadas.

Con acierto, el órgano de control desestimó el argumento de que la ausencia de un encargo formal o de control editorial previo despojara al mensaje de su evidente propósito publicitario. El empleo del término “consecuencia de” plasma de forma fidedigna el vínculo cierto que exige el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Idéntico criterio asume el Código de Conducta sobre el uso de Influencers en la Publicidad de 2025, instrumento corporativo vinculante para los miembros de Autocontrol, la Asociación Española de Anunciantes e IAB Spain. El texto restringe el ámbito de aplicación en su norma 4 a aquellos contenidos difundidos a cambio de un pago u otra contraprestación material “por parte del anunciante o sus representantes”.

Al delimitar el perímetro de la responsabilidad, la norma 12 clarifica que las publicaciones efectuadas “por iniciativa exclusiva del influencer, sin intervención ni relación alguna por parte del anunciante”, son reconducibles únicamente a la esfera jurídica del creador. El hecho de que el preámbulo del Código invoque formalmente la Guía de la Comisión disipa cualquier duda hermenéutica: la opción preferente del sector al autorregularse fue la consagración inequívoca del principio de causalidad.

Dos estándares para un mismo mensaje

La quiebra de esta simetría metodológica se manifiesta cuando el sujeto reclamado no se encuentra adherido al sistema de autorregulación. En estos supuestos, el Jurado de Autocontrol no proyecta el régimen de la normativa sectorial de influencers, sino que reconduce el análisis hacia la norma 13 del Código de Conducta Publicitaria de carácter general, articulando un examen vertebrado sobre dos únicos interrogantes: si el mensaje persigue una finalidad publicitaria y si, correlativamente, dicha finalidad permanece oculta para el consumidor.

Es sintomático que la citada norma 13 guarde absoluto silencio respecto a la exigencia de una contraprestación, omitiendo cualquier mención tanto para imponerla como para dispensarla. En puridad, la idea de que el pago resulta superfluo para calificar la infracción no se halla consignada en ningún texto codificado; es doctrina del propio Jurado, heredera directa de una tradición hermenéutica concebida originariamente para fiscalizar los publirreportajes en la prensa escrita tradicional.

El escenario resultante de esta dualidad de criterios deviene profundamente paradójico. Al operador que suscribió voluntariamente el Código de Influencers se le somete a un estándar riguroso que requiere acreditar la contraprestación del anunciante; por el contrario, a quien no ha prestado consentimiento alguno se le juzga mediante un test abstracto que prescinde por completo de dicho presupuesto económico. Esta asimetría contradice la lógica elemental del derecho de obligaciones: un código de conducta privado puede, legítimamente, exigir a sus miembros un nivel de diligencia superior al legalmente imperativo (vís atractiva del principio de autonomía de la voluntad), pero carece de habilitación para proyectar esas mismas exigencias, u otras desprovistas de base legal, sobre terceros no adheridos, frente a los cuales el único título de imputación válido reside en la literalidad de la ley.

Las consecuencias de esta disparidad de criterios presentan un impacto asimétrico según el sujeto afectado. Mientras que para el creador de contenido la diferencia sustantiva apenas altera su posición jurídica, en la medida en que la práctica material emana de su propia esfera operativa, para la marca o el anunciante tercero la distinción resulta sencillamente fulminante. Bajo el prisma del test general de la norma 13, el órgano de control puede concluir formalmente que un contenido posee naturaleza publicitaria sin haber dilucidado previamente el extremo más crítico de la controversia: a quién pertenece, estratégicamente, dicha comunicación comercial.

Por qué el procedimiento no lo corrige

Esta doctrina que prescinde del nexo comercial podría corregirse si los hechos se incorporasen al proceso. Sin embargo, en los procedimientos donde no existe una verdadera contradicción, la realidad fáctica queda totalmente oculta debido a la confluencia de tres factores estructurales:

El primero es la ausencia de instrucción. Cada dictamen se cierra con la misma fórmula: se emite “únicamente con la información aportada por el solicitante”. Cuando el procedimiento se abre de oficio a instancia de la CNMC, al amparo del convenio de corregulación de 2023, o a partir de la queja de un consumidor, el solicitante no conoce contratos, facturas ni comisiones. Esos son precisamente los hechos que el estándar exige verificar.

El segundo es que el silencio no tiene consecuencias. Para quien no está adherido, el dictamen no es vinculante y callar no cuesta nada. Tampoco produce efecto probatorio: no se presume el vínculo, como en Alemania, ni se sanciona la falta de respuesta, como en el Reino Unido. La cuestión desaparece del análisis. Y los incentivos empujan al silencio, porque retirar una publicación cuesta poco y discutirla cuesta mucho.

El tercero es que la atribución llega dada. El dictamen recoge como antecedente que la reclamación se refiere a una publicación “de la que es responsable” el destinatario, y razona a partir de esa premisa sin examinarla.

Una publicación, tres dictámenes

El 31 de julio de 2026, la Sección Segunda del Jurado emitió tres dictámenes sobre una sola publicación (asuntos 336/R, 337/R y 338/R/JULIO 2026). Un creador recomendaba en su canal de mensajería un bálsamo labial (“no es Publi sino algo personal”), con un código de descuento y un enlace a una tienda en línea. La CNMC había trasladado la reclamación contra el creador el 18 de junio y, el 26, contra la tienda y contra la titular de la marca. Ninguno contestó. Los tres dictámenes concluyen que hay publicidad encubierta con el mismo razonamiento: el foco en el producto, el tono “notablemente laudatorio”, el código y el enlace. Ninguno se pregunta quién dio qué a quién. Del código se dice que pone a disposición de los seguidores “un mecanismo específico para acceder a la ventaja económica asociada a su adquisición”: la ventaja es del seguidor, y de la retribución del creador no se dice nada. El dictamen dirigido a la tienda la presenta como una clínica de estética “que trabaja con productos” de la marca, es decir, como revendedora. El dirigido a la titular de la marca le atribuye la publicación sin una sola línea sobre su relación con el creador, aunque el enlace no conducía a su web. La Guía que invoca el propio Código de Influencers considera improbable esa responsabilidad sin conexión con el creador.

Hay que decir, en justicia, que ese dictamen no es vinculante, que la empresa tuvo ocasión de contestar y no lo hizo, y que el Jurado advierte de que dictamina con lo que se le aporta. Tampoco vincula a los tribunales. La Audiencia Provincial de Madrid recordó que la reputación del Jurado “no convierte los criterios que pudiera utilizar dicha entidad en su actividad resolutoria en pauta de forzada observancia por parte de los tribunales”, y los tribunales sí están sometidos a Peek & Cloppenburg. Pero la advertencia final no sustituye a la pregunta que falta, y el propio Jurado afirma en esos textos una “coincidencia sustancial” entre sus decisiones y las de jueces y tribunales, y comunica el dictamen a la Administración.

Que el problema es de diseño y no de criterio lo confirma el caso inverso. En una resolución de 11 de septiembre de 2026 (Sección Primera, asunto 391/R/AGOSTO 2026), en un procedimiento abierto de oficio a instancia de la CNMC, el Jurado desestimó la reclamación contra una creadora que mostraba dos medicamentos al salir de una farmacia. La creadora contestó, pero para defender el carácter personal de su vídeo, no para hablar de su relación con el laboratorio. El Jurado consideró la aparición de los productos “una referencia incidental”, constató la ausencia de elogio, enlaces o códigos y concluyó que se trataba de una “reseña espontánea publicada por la influencer al margen de la empresa”. La conclusión era probablemente correcta. Pero “al margen de la empresa” es una afirmación sobre la relación, y se dedujo del contenido, como en el caso del bálsamo labial se había deducido lo contrario. El entusiasmo bastó allí para presumir el vínculo, su ausencia bastó aquí para descartarlo. Lo que separa estos casos de la resolución de julio sobre la cosmética no es la sección ni el resultado, sino que en aquella alguien aportó hechos sobre la relación.

Lo que está en juego

No es una cuestión interna de la autorregulación. Frente a quien no está adherido, el propio Jurado califica su dictamen de “una mera opinión, no vinculante”, pero recuerda que “la mayor parte” de sus dictámenes “son cumplidos de forma voluntaria incluso por aquellas personas y empresas que no tienen la condición de asociadas al sistema”. El contenido se retira sin procedimiento sancionador y sin sus garantías, que son las que obligan a una autoridad pública a acreditar los hechos. Es una virtud del sistema, siempre que el dictamen aplique el estándar de la ley. Y cuando la autoridad carece de competencia, el dictamen es el único pronunciamiento que existirá. Cuando el creador no alcanza la condición de usuario de especial relevancia, la CNMC archiva la reclamación y la traslada a Autocontrol “de modo que sean atendidas bajo el paraguas de la autorregulación, al no quedar sujetas a lo dispuesto en la LGCA” (expediente IFPA/DTSA/220/24, de 20 de febrero de 2025). Cuanta menos Administración hay en el caso, más importa con qué estándar se dictamina.

Además, cuando un pronunciamiento de un organismo privado es asumido o encauzado por una autoridad pública, este queda sujeto a los mismos límites constitucionales que pesan sobre el poder del Estado: cualquier restricción a la libertad de expresión e información que pretenda ir más allá de la ley debe justificarse estrictamente en una razón imperiosa de interés general. Es la aplicación pura y simple del principio de proporcionalidad.

Exceder el estándar europeo del vínculo comercial no protege mejor al consumidor, cuya confianza ya está salvaguardada por la directiva. Ese exceso normativo solo sirve para ahorrar el esfuerzo probatorio al regulador y apuntalar la reputación de sus propios canales de control. Si bien estos fines son legítimos en el ámbito de la adhesión voluntaria, resultan radicalmente insuficientes frente a terceros no adheridos. Y el coste de esta deriva suele pasar inadvertido: un test que deduce la publicidad a partir del mero entusiasmo pone bajo sospecha cualquier recomendación genuina e independiente de quien no ha recibido absolutamente nada.

Una costura, no un fallo

El Jurado no se aleja del estándar europeo porque lo ignore. Frente a quien no está adherido y no contesta, aplica una doctrina que no contiene la pregunta, en un procedimiento sin medios para responderla. La autoridad que podría averiguar quién pagó a quién traslada la queja; el organismo que dictamina no puede obtener los hechos; y el vínculo queda en el hueco entre ambos.

El remedio está al alcance del propio sistema. Frente a los no adheridos, el Jurado podría aplicar al menos el requisito de contraprestación que su Código de Influencers exige a los adheridos, que es además el del Derecho de la Unión. Y cuando nadie haya aportado hechos sobre la relación, podría pronunciarse sobre la identificabilidad del mensaje frente a quien lo publicó y hacer constar que la atribución a terceros no se ha examinado.

Para las empresas de alimentación, cosmética y complementos

La pregunta tiene en estos sectores un alcance particular, porque de ella depende no solo quién responde, sino qué normas se aplican. El Reglamento 1924/2006 se aplica a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables efectuadas “en las comunicaciones comerciales” (artículo 1.2). En la sentencia Verband Sozialer Wettbewerb c. Innova Vital, de 14 de julio de 2016 (C‑19/15), el Tribunal de Justicia declaró que el Reglamento alcanza también a la publicidad que un fabricante dirige solo a médicos, porque “lo que debe estar destinado al consumidor final es el propio producto y no la comunicación de que es objeto” (apartado 31). Pero, para definir la comunicación comercial, tomó la definición de la Directiva sobre el comercio electrónico, que excluye las comunicaciones sobre una empresa “elaboradas de forma independiente de ella, en particular cuando estos se realizan sin contrapartida económica”. Y si temió que los operadores eludieran el Reglamento “dirigiéndose al consumidor final a través de los profesionales de la salud” (apartado 46), es porque en aquel caso la comunicación era del operador. La sentencia resolvió a quién puede dirigirse una comunicación comercial, no de quién es.

La reseña genuinamente espontánea de un consumidor, por muchos seguidores que tenga, queda así fuera del Reglamento. Pero si la publicación se atribuye a la marca, cada frase del creador se convierte en una declaración del operador, y lo que era una opinión entusiasta pasa a ser una declaración de propiedades saludables no autorizada. Lo mismo ocurre con las propiedades preventivas o curativas que el artículo 7 del Reglamento 1169/2011 prohíbe atribuir a un alimento, también en la publicidad.

En cosmética, el artículo 20 del Reglamento 1223/2009 prohíbe utilizar en la publicidad textos o imágenes “con el fin de atribuir a estos productos características o funciones de las que carecen”, y el Reglamento 655/2013 aplica los criterios comunes a cualquier reivindicación, “independientemente de su soporte o tipo de instrumento de marketing utilizado”. Uno de ellos parece escrito para los creadores de contenido: los mensajes publicitarios no deben dar a entender que “la expresión de una opinión constituye una reivindicación que se haya verificado, salvo que tal opinión se sustente en pruebas comprobables”. Y la persona responsable debe velar por que cada reivindicación sea coherente con la documentación justificativa que figura en el expediente de información del producto. Atribuida a la marca, la frase de un creador sobre la crema que “le ha curado la dermatitis” es una reivindicación que no consta en ningún expediente, y además acerca el cosmético a la frontera del medicamento. En los tres sectores, una marca puede acabar respondiendo de afirmaciones que nadie en la empresa formuló. Y el envío de muestras, práctica habitual en todos ellos y que la Comisión cuenta entre las contraprestaciones posibles, plantea en cada caja la misma pregunta que este artículo: a partir de qué momento lo que otro publica se convierte en propio.

Los casos examinados dejan una enseñanza sencilla. Cuando alguien habló de la relación, el Jurado la examinó, y la examinó bien. Cuando todos callaron, la atribución que llegaba en el traslado se convirtió en conclusión. El procedimiento no formula la pregunta de quién pagó a quién, pero la contesta cuando se le da la respuesta. Para una marca, eso significa que la relación con cada creador, lo que se le dio, lo que se le pidió y lo que no, debe poder documentarse antes de que alguien lo pregunte. Callar no es neutral: es dejar que la premisa haga de prueba.

Javier Gómez Sanz es fundador y director de Food Tech Legal. Las observaciones sobre este análisis pueden dirigirse a editorial@foodtechlegal.com. Las consultas sobre un producto o expediente concreto se atienden a través del formulario de solicitud.

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